Nombramiento del Ministro de justicia y Seguridad Pública, viola artículos 159 y 168 de la Constitución

No todo ha sido borrón y cuenta nueva para las nuevas autoridades encargadas de la seguridad en el país. Su pasado como militares los ha condenado a deponer sus cargos.

Diversas organizaciones de la sociedad civil se manifestaron hoy frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en reclamo de los nombramientos por parte del Presidente de la República, Mauricio Funes, a los Generales en calidad de retiro, como lo es el ahora Ministro de Seguridad, David Mungía Payés y también el ex militar, Francisco Salinas, encargado de dirigir la Policía Nacional Civil (PNC), institución creada por los Acuerdos de Paz para ser conducida por la sociedad civil, no por militares.

Iniciativa Social para la Democracia (ISD), CEMUJER, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia Juvenil (CCPVJ) y Coordinadora Intersectorial Pro Juventud de El Salvador (CIPJES), son las organizaciones manifestantes.

Presentaron ante la CSJ, una demanda de inconstitucionalidad en contra de los acuerdos en el nombramiento del Ministro de Seguridad Pública y del Director de la Policía Nacional Civil por no encontrarse constitucionalmente habilitado para estar en las instituciones encargadas de combatir los delitos.

El Director Ejecutivo de ISD, Ramón Villalta, explicó que en concreto, dicho nombramiento ha violentado el artículo 159, inciso segundo de la Constitución de la República que señala: “La defensa nacional y la seguridad pública estarán adscritas a Ministerios diferentes. La seguridad pública estará a cargo a la Policía Nacional Civil, que será un cuerpo profesional, independiente de la Fuerza Armada y ajeno a toda actividad partidista”.

También, el artículo 168 ordinal 17 de la Carta Magna que dice: “Organizar, conducir y mantener la Policía Nacional Civil para el resguardo de la paz, la tranquilidad, el orden y la seguridad pública, tanto en el ámbito urbano como en el rural, con estricto apego al respeto a los Derechos Humanos y bajo la dirección de civiles”.

Señaló que se creó la PNC como la responsable de la tranquilidad de la paz y el orden de la seguridad pública tanto en lo urbano como en lo rural, “esto debe de hacerse con estricto apego a la defensa de los derechos humanos y que el nombramiento de la PNC y este tipo de organizaciones del Estado deberá estar bajo la dirección de autoridades civiles”.

“En la medida que los militares nombrados aunque hayan sido dados de baja nunca pierden el rango de militar por lo tanto, se ha nombrado a militares al Ministerio de Seguridad Pública y la PNC con cual se está violando ambos artículos de la Constitución y el recurso de inconstitucional vieneen esa dirección”, Aclaró.

“Creemos que esto atenta contra el origen que los Acuerdos de Paz establecieron, a efectos de crear instituciones orientadas a separar la seguridad pública de la seguridad nacional; esto atenta contra el principio de paz y garantía de losDerechos Humanos”, añadió.

Villalta manifestó que esperan que la Sala de lo Constitucional de la CSJ se apegue y haga un análisis profundo de los que establece la Constitución de la República, porque según ellos aunque se haya removido el “mote” de militares, ese rango siempre lo tienen.El argumento del Presidente de la República es que estos ya no son militares: “Un médico desde que se gradúa es médico y cuando se retira de ejercer la profesión siempre es médico”, exclamó Villalta.

Sobre el caso del destituido Juez Lizama, ISD señaló que en todo momento apoyaron la labor que ejerció porque los entes de la seguridad pública están en sus cargos de forma inconstitucional. Al separarlo de juez, dio voto de confianza al Director de la PNC.

“Cuando los militares declaran enemigos a cualquier sector de la población aunque estos sean de las maras (pandillas), está declarando que al enemigo desde cierto punto militar se le aniquila y entonces estamos entrando o estamos amenazados de entrar en un proceso más que de un autoritarismo en El Salvador a una etapa de fascismo y eso puede ser muy grave y puede atentar el avance del proceso democrático que está teniendo el país”. Concluyó.

En las afueras de la CSJ se vivió un ambiente de protesta, los diversos carteles contenían leyendas como: “Alto a la impunidad”, “No retroceso a la institucionalidad” y “militarismo stop now”, esto, haciendo alusión que dichos nombramientos está avalado y fue exigido por el Gobierno de los Estados Unidos.